Derechos fundamentales

El debate jurídico se pone inútilmente interesante. El Constitucional falla que el Gobierno se extralimitó en sus funciones al decretar el confinamiento obligatorio sin proclamar el estado de excepción ni pasar la norma por el Congreso de los Diputados. A los díscolos, a los que fueron sorprendidos callejeando sin causa y multados, se les condonará la deuda previa reclamación. ¿Y a los demás? ¿A los que intentamos disfrazar de responsabilidad lo que realmente era terror? Si el método era técnicamente reprochable, el terror inducido y sus muchas consecuencias silenciosas merecen algún gesto. Por bienintencionada que haya sido su ejecución.

En respuesta al fallo del Alto Tribunal, el Gobierno afirma que el confinamiento salvó 450.000 vidas. No lo cuestiono. Ni siquiera soy negacionista de algo así. Aunque sea una simple hipótesis, las hipótesis son importantes. Sin embargo, el ejercicio completo exige que se cuantifiquen también las vidas que se llevó (y llevará) por delante la suspensión de muchos servicios médicos de tratamiento, seguimiento o diagnóstico temprano de tantísimas otras enfermedades, cuando parecía solo existir el síndrome respiratorio agudo severo asociado al SARS-CoV-2. Todas esas vidas truncadas merecen atención y reconocimiento. Más esas muertes reales que los sobrevivientes hipotéticos que el Gobierno se afana en cuantificar en abstracto.